El desplazamiento forzoso es un fenómeno mundial que ha estado acompañado en diferentes países de crisis políticas y sociales, además del dominio del territorio por parte de los grupos que intervienen en el conflicto. Según el Banco Mundial, Colombia junto a Sudán, Nigeria y República Democrática del Congo son los países con el mayor número de desplazamientos internos (Gaviria y Muñoz 2007). El incremento de este fenómeno en Colombia en los últimos años y el no poder garantizar el regreso o permanencia de los individuos en sus hogares ha causado graves consecuencias en la tenencia de la tierra y la producción agrícola. El departamento de Antioquia, principal expulsor y receptor de individuos, es el mayor afectado por el desplazamiento, y se sabe que un alto porcentaje de estas personas argumenta tener algún vínculo con la tierra (Gaviria y Muñoz 2007).
Las regiones del país donde se ha agudizado el conflicto armado presentan una elevada violación de los derechos humanos un mercado de tierras impulsado por la demanda de los narcotraficantes una alta concentración de la tierra, un menor crecimiento económico bajos salarios y mayores niveles de violencia (Reyes 1993 y Castaño 1999). Otro fenómeno es caracterizado por la compra de terrenos con alta productividad agrícola que no son explotados adecuadamente, y se orientan a actividades ganaderas (Benítez 2005). A sí mismo, (Fajardo 2002) demuestra que el desplazamiento es más frecuente en departamentos donde existe también una motivación por el control de los recursos naturales y por la perspectiva de importantes inversiones.
Los conflictos de tierras y la violencia en Colombia tienen un vínculo de vieja data. El conflicto actual parece no ser la excepción. Las cifras del Sistema RUT revelan que cerca del 60 % de los hogares desplazados tenían acceso a tierras y más de la mitad son propietarios legales de sus tierras. Miles de hogares han sido expulsados de sus municipios por los grupos armados y, en muchos casos, el desplazamiento está ligado a conflictos de tierras (Reyes y Bejarano, 1998). Es evidente que el activo por excelencia que los desplazados poseían y perdieron es la tierra, luego entonces en la medida en que aumenta el desplazamiento forzado por el conflicto armado y el abandono de tierras, se incrementa la concentración de la propiedad; situación agravada por la destrucción de las redes sociales de las víctimas y de desarraigo respecto a su proyecto original de vida (CISP 2005).
a. La propiedad de la tierra en Colombia en el sector rural
La propiedad rural en Colombia ha sido un concepto clave, en especial si la tierra se aprecia como riqueza acumulativa de los individuos y no como factor de producción, adquiriendo un poder no solo social sino político (Contraloría General de la Nación, 2005). Esto les permite obtener un título de señor que confiere respeto e influencia, así el dinero sea proveniente de actividades ilícitas. La compra de tierras por narcotraficantes ha contribuido a elevar la concentración de la propiedad mediante transacciones realizadas en los llamados paraísos fiscales, donde virtualmente se hace imposible rastrear la procedencia del dinero (Herrera, 2005). Asimismo, ellos financian ejércitos privados que ayudan y promueven el desplazamiento forzoso de individuos, que, sin otra opción, prefieren vender sus tierras que perder la vida. Consecuente con lo anterior, la estructura de tenencia y productividad agrícola colombiana cede a las presiones de grupos ilegales.
Este efecto repercute en los índices de concentración de la propiedad; esto se manifiesta en la cifra del coeficiente Gini, que para el país es de 0,85; dato alarmante si se añade que en 1996 el 0,4% de los propietarios (para predios mayores a 500 hectáreas) poseían cerca del 44,6% del área rural; para 2001, el mismo porcentaje de propietarios (0,4%) controlaban el 61,2% de la superficie, mientras que los pequeños propietarios tienden a un fenómeno de atomización. La atomización es un fenómeno en el cual el número de hectáreas de los predios de rangos bajos no varía significativamente, mientras aumenta el número de propietarios, lo que implica que cada vez más individuos deben repartirse menores cantidades de tierra (Muñoz y Mora, 2006). Esto no solo conduce a una estructura de propiedad polarizada en su interior llamada bimodal, sino a permanentes conflictos y discriminaciones por parte del Estado en la aplicación de instrumentos y políticas, que promueven la conformación de pequeñas propiedades, las cuales con el tiempo disminuyen el nivel de ingresos de los campesinos y profundiza la pobreza rural (Gaviria y Muñoz 2007).
b. Los efectos sobre la producción agrícola
Se pretende exponer los impactos del desplazamiento forzado sobre la producción agrícola, como se presenta en el estudio (Fajardo 2002) la concentración de la propiedad está relacionada con la disminución del área sembrada y, en especial, de los cultivos temporales. Como efecto del desplazamiento y de las políticas aperturistas de la primera parte de los noventa, la Contraloría calculó, que el país se ha visto obligado a importar más de 5 millones de toneladas anuales de alimentos y materias primas de origen agrícola. Más allá de la pérdida en los noventa de un millón de hectáreas sembradas, los suelos más fértiles y mejor localizados, en lugar de ser utilizados para labores agrícolas, se convirtieron en grandes e improductivas haciendas dedicadas a la ganadería o en simples praderas inexplotadas. Este uso inapropiado de la tierra ha limitado la creación de empleos rurales, con sus impactos sobre la pobreza y la calidad de vida de sus pobladores (Contraloría General la Nación 2005).
Para análisis de las relaciones económicas, políticas y sociales derivadas de la concentración de la propiedad de la tierra, se plantean dos argumentos. Por una parte, que la tierra ha perdido importancia como factor productivo; que el acceso a la tierra no genera poder económico ni político, y que por lo tanto los esfuerzos encaminados a su redistribución son una inversión inútil que no lograría sino crear «pobres dotados de tierra». Por otra parte, y en contraposición a este planteamiento, las cifras oficiales demuestran una tendencia imparable a la concentración de la propiedad, al aumento de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, a la disminución de la producción de alimentos y al aumento de los desplazamientos forzados de las comunidades campesinas asentadas en los departamentos con mayor concentración de la propiedad rural (CODHES/UNICEF, 1998; Machado,1998). Fundándose en estas cifras se pide una distribución equitativa de la tierra.
Las propuestas de política tienen una base teórica e ideológica, por ejemplo los
planteamientos estructuralistas que sirvieron para la formulación de las políticas de reforma agraria, o los postulados neoliberales con los cuales hoy se refuta que la tierra pueda ser considerada como factor de poder en el comportamiento del sector agrícola. Frente al concepto de Machado (1998) de una estructura agraria colombiana bimodal -con un polo constituido por la gran propiedad y otro por las pequeñas explotaciones, permite comprender las interrelaciones funcionales y dinámicas entre uno y otro polo. Entonces en virtud de estas interrelaciones, la concentración de la propiedad es el factor que impide a una población rural creciente establecerse como pequeña productora, por lo tanto de la presión que se ejerce sobre los recursos y del limitado acceso de los agricultores a la tecnología, las tierras controladas por la población rural están afectadas por una continua fragmentación y por la pérdida gradual de potencial productivo debido al deterioro de los suelos y de otros recursos naturales (Fajardo 2002).
Para sumar al efecto de la concentración, analistas como (Jaramillo 1998) aducen dos causas ocurridas en los noventas la revaluación del peso y el fenómeno climático de El Niño. También las condiciones impuestas a la producción agrícola y pecuaria por la propiedad territorial, el «sesgo financiero» de la política económica del Estado y las repercusiones del conflicto armado. La aplicación de políticas de apertura -ya iniciadas a comienzos de los años ochenta- guiadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como resultado inmediato se evidenció la escasa competitividad de la agricultura colombiana. La eliminación de los instrumentos de protección, la evolución de los costos de producción determinados en particular por las tasas de interés, la renta del suelo y los tipos de cambio parecen haber generado un cambio profundo en la agricultura.
Así pues la persistencia de un patrón concentrador contrario al afianzamiento efectivo de la mediana propiedad, la cual proporcionaría las más sólidas bases para el desarrollo (Bejarano, 1998) y un uso del suelo caracterizado por la predominancia de las explotaciones extensivas, en detrimento de la agricultura. La distribución y uso del suelo repercuten necesariamente en la producción y en el empleo; por su parte, las tendencias de la agricultura, de los precios y de los rendimientos agrícolas se manifiestan en el uso del suelo. Un argumento a favor de las economías campesinas respecto a la agricultura comercial es la mayor capacidad de generación de empleo de las primeras, y aún más respecto a la ganadería extensiva. Analistas coinciden en reconocer una disminución de la superficie cultivada y una reducción del empleo y de la producción de dichos cultivos es por esto que la distribución de la propiedad sigue un patrón de uso del suelo que no favorece a la agricultura Fajardo (2002).
Bibliografia:
GAVIRIA, Carlos Felipe y MUÑOZ Juan Carlos “Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia, 1996-2004”, Lecturas de Economía. 66 (enero-junio 2007) pp 9-46.
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPULI –CISP—(2005). Efectos Económicos del desplazamiento forzado en Colombia: departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca 1997-2004, Escuela Latinoamericana de Cooperación y desarrollo, Cartagena
CONTRALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA (2005). El desplazamiento forzoso de los colombianos y sus impactos patrimoniales. Disponible en www.contraloriagen.gov.co:8081/.../Archivos/2144/Desplazamiento_forzoso_colombianos_Ipatrimoniales.doc
MACHADO, Absalón (1999). Una visión renovada sobre la reforma agraria en Colombia, en: Machado, Absalón y Suárez, Ruth (coord.), El mercado de tierras en Colombia: ¿una alternativa viable?, Tercer Mundo Editores, Bogotá.
FAJARDO, Darío (2002). “La tierra y el poder político la reforma agraria y la reforma rural en Colombia”, Revista Reforma Agraria Colonización y Cooperativas, No. 2002/1, pp. 4-20.
No hay comentarios:
Publicar un comentario