Usos productivos del suelo en Colombia

Situación actual de la distribución de la tierra en Colombia y los usos productivos del suelo

Colombia se encuentra entre los países de América Latina con menor abundancia relativa de suelos arables. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), únicamente el 3,6% de la tierra total puede ser incluida dentro de los suelos arables. A esta limitación se añade el uso inadecuado de los suelos. Según el Instituto de Geografía Agustín Codazzi (IGAC), en Colombia hay 9 millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero se utilizan para este fin únicamente 5 millones. En cambio, hay 19 millones de hectáreas aptas para la ganadería pero se utilizan 40 millones, de las cuales sólo 5 millones son tierras de pastos mejorados, mientras que el resto (35 millones de hectáreas) se explota de manera extensiva. En conjunto, el 45% de los suelos del país se destina a usos inadecuados.

Según la Encuesta Agropecuaria del Departamento Administrativo Nacional de Estadística(DANE 1996), la distribución de la propiedad sigue un patrón de uso del suelo que no favorece a la agricultura: las explotaciones más pequeñas (menores de 5 ha), que equivalen al 46,8% del total de las fincas y que controlan solamente el 3,2% de la tierra, destinan el 38,6% de su superficie a usos agrícolas, mientras que las explotaciones mayores de 200 ha, que equivalen al 2,8% del total de las fincas, controlan el 39,0% de la tierra y solamente destinan a usos agrícolas el 2,5% de su superficie, sin que se observen diferencias en la productividad que sugieran un mejor aprovechamiento por unidad de superficie en las explotaciones mayores. Las fincas de mayor tamaño dedican a la ganadería extensiva el 72,3% de su superficie y en ellas se localiza el 42,1% de las tierras ganaderas (Fajardo 2002).

      Desplazamientos forzados en el desarrollo de la agricultura comercial colombiana

La información sobre las condiciones técnicas y económicas de las áreas de predominancia minifundista, caracterizadas por la mayor emigración revela un continuo desequilibrio entre tierra y población, desequilibrio producido por la disminución permanente del potencial productivo de la tierra y el crecimiento de su población excedente, efecto de unas elevadas tasas de fecundidad. Las formas de propiedad y sucesión dominantes en las áreas de minifundio, generan la subdivisión de las fincas hasta escalas improductivas. Al mismo tiempo, los sistemas de producción, caracterizados por la explotación intensiva de los recursos naturales con cortos períodos de barbecho debidos a la limitada disponibilidad de tierras, generan deforestaciones, pérdida de cubiertas vegetales, disminución de la biodiversidad y de la retención del recurso hídrico y erosión de los suelos. Todas estas circunstancias dan como resultado la pérdida del potencial productivo en estas áreas.

El avance de la concentración de la propiedad en las áreas de mayor potencial productivo, impide resolver el desequilibrio entre tierra y población de las áreas minifundistas con el acceso a nuevas tierras. De acuerdo con el IDEAM, en 2001 el 33,9% de los suelos del país estaban afectados por grados de erosión entre “moderada” y “muy severa”, al tiempo que en la región Caribe el 28,3% de los suelos se encontraba salificado. Entre 1990 y 1997 desaparecieron los cultivos de más de 700 mil hectáreas: en 1990 se sembraron 2,5 millones de hectáreas de cultivos semestrales y 1,2 millones de hectáreas en permanentes, en tanto que en1997 las siembras fueron de 1,6 millones de hectáreas en semestrales y 1,4 en permanentes. En estos últimos, los incrementos anuales más importantes son frutas (8,5%), palma africana (6,9%), caña de azúcar (5,5%) y banano (3,7%). La tendencia hacia el descenso de los cultivos semestrales en contraste con el crecimiento de los permanentes, representados en Colombia especialmente por el banano y la palma africana, ha estado asociada en otros países con intensos conflictos en torno a la tierra y

a las relaciones laborales (Darío Fajardo FAO).

En el caso de la expansión bananera en el Urabá, las plantaciones establecidas a partir de los años 1960 ocuparon tierras previamente colonizadas por distintas oleadas de pobladores desplazados de otras regiones

del país, siguiendo patrones conocidos en los cuales la compra a menosprecio de sus mejoras los colocó rápidamente en la oferta de mano de obra para la nueva industria. En cuanto a la palma africana, su desarrollo ha estado relacionado igualmente con graves tensiones sociales. Las fuentes consultadas revelan que si bien existen pequeñas explotaciones de este cultivo, de las 127 mil hectáreas registradas, 109,4 corresponden a plantaciones de más de 100 hectáreas, de ellas 24 cuentan con más de 1.000 hectáreas y controlan el 44,9% de la superficie plantada registrada.


Bibliofilia:

FAJARDO, Darío (2002). “La tierra y el poder político la reforma agraria y la reforma rural en Colombia”, Revista Reforma Agraria Colonización y Cooperativas, No. 2002/1, pp. 4-20.




BSTRACT



Current status of land distribution in Colombia and productive uses of land


Colombia is among the Latin American countries with lower relative abundance of arable land. According to the Organization of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), only 3.6% of total land can be included in arable soils. This limitation is added to the misuse of the soil. According to Agustin Codazzi Geographical Institute (IGAC) in Colombia there are 9 million hectares suitable for agriculture but are used for this purpose only 5 million. In contrast, there are 19 million hectares suitable for livestock but used 40 million, of which only 5 million are improved pasture land, while the remainder (35 million hectares) is exploited extensively. Overall, 45% of the country's land is intended to misuse.


According to the Agricultural Survey of the National Administrative Statistics Department (DANE 1996), the distribution of property follows a pattern of land use that is not conducive to agriculture: the smallest farms (less than 5 ha), equivalent to 46, 8% of all farms and controlled only 3.2% of the land, spend 38.6% of land to agricultural uses, while farms over 200 ha, equivalent to 2.8% of total farms, control 39.0% of the land and only intended for agricultural uses 2.5% of its surface was not observed productivity differences that suggest a better use per unit area on larger holdings . Larger farms dedicated to cattle ranching, 72.3% of its surface and these are located 42.1% of the cattle lands (Fajardo 2002).


Forced displacement in the development of commercial agriculture in Colombia


Information on the technical and economic characteristics of predominant smallholder areas, characterized by increased migration reveals a continuing imbalance between land and population imbalance produced by the permanent reduction of the productive potential of land and the surplus population growth, effect very high rates of fertility. Forms of ownership and succession dominant in the areas of small farms, generate the subdivision of farms to stop unproductive. At the same time, production systems, characterized by the intensive exploitation of natural resources with short fallow periods due to the limited availability of land, generate deforestation, loss of vegetation cover, reduced biodiversity and retention of water resources and soil erosion. All these circumstances result in the loss of productive potential in these areas.


The progress of the concentration of ownership in the higher potential areas, preventing resolve the imbalance between land and population of smallholder areas with access to new land. According to the IDEAM, in 2001 33.9% of the country's soils were affected by degree of erosion between "moderate" and "very severe", while in the Caribbean region, 28.3% of soils salified found. Between 1990 and 1997 crops disappeared more than 700 thousand hectares, in 1990 were planted 2.5 million hectares of semi and 1.2 million hectares in permanent, while plantings in 1997 were 1.6 million and 1.4 hectares in semi-permanent. In the latter, the largest annual increases are fruits (8.5%), oil palm (6.9%), sugarcane (5.5%) and bananas (3.7%). The declining trend of the semester crops in contrast to the growth of permanent representation in Colombia, especially bananas and oil palm has been associated in other countries with intense conflicts over land and
labor relations (Dario Fajardo FAO).


In the case of the expansion of banana plantations in Urabá, plantations established from the 1960 occupied lands previously settled by several waves of people displaced from other regions
the country, following known patterns in which the purchase contempt of its improvements quickly placed them in the supply of labor for the new industry. As for the palm, its development has also been associated with serious social tensions. The sources reveal that while there are small holdings of this crop of 127 hectares registered 109.4 plantations belong to more than 100 hectares, of which 24 have more than 1,000 hectares and 44.9% of control registered plantings.


Bibliophile:


FAJARDO, Dario (2002). "The land and political power of agrarian reform and rural reform in Colombia", Revista Reform Land Settlement and Cooperatives, No. 2002 / 1, pp. 4-20.

El desplazamiento forzado en Colombia

El desplazamiento forzoso es un fenómeno mundial que ha estado acompañado en diferentes países de crisis políticas y sociales, además del dominio del territorio por parte de los grupos que intervienen en el conflicto. Según el Banco Mundial, Colombia junto a Sudán, Nigeria y República Democrática del Congo son los países con el mayor número de desplazamientos internos (Gaviria y Muñoz 2007). El incremento de este fenómeno en Colombia en los últimos años y el no poder garantizar el regreso o permanencia de los individuos en sus hogares ha causado graves consecuencias en la tenencia de la tierra y la producción agrícola. El departamento de Antioquia, principal expulsor y receptor de individuos, es el mayor afectado por el desplazamiento,  y se sabe que un alto porcentaje de estas personas argumenta tener algún vínculo con la tierra (Gaviria y Muñoz 2007).

Las regiones del país donde se ha agudizado el conflicto armado presentan una elevada violación de los derechos humanos un mercado de tierras impulsado por la demanda de los narcotraficantes una alta concentración de la tierra, un menor crecimiento económico  bajos salarios y mayores niveles de violencia (Reyes 1993 y Castaño 1999). Otro fenómeno es caracterizado por la compra de terrenos con alta productividad agrícola que no son explotados adecuadamente, y se orientan a actividades ganaderas (Benítez 2005).  A sí mismo, (Fajardo 2002) demuestra que el desplazamiento es más frecuente en departamentos donde existe también una motivación por el control de los recursos naturales y por la perspectiva de importantes inversiones.

Los conflictos de tierras y la violencia en Colombia tienen un vínculo de vieja data. El conflicto actual parece no ser la excepción. Las cifras del Sistema RUT revelan que cerca del 60 % de los hogares desplazados tenían acceso a tierras y más de la mitad son propietarios legales de sus tierras. Miles de hogares han sido expulsados de sus municipios por los grupos armados y, en muchos casos, el desplazamiento está ligado a conflictos de tierras (Reyes y Bejarano, 1998). Es evidente que el activo por excelencia que los desplazados poseían y perdieron es la tierra, luego entonces en la medida en que aumenta el desplazamiento forzado por el conflicto armado y el abandono de tierras, se incrementa la concentración de la propiedad; situación agravada por la destrucción de las redes sociales de las víctimas y de desarraigo respecto a su proyecto original de vida (CISP  2005).

a.    La propiedad de la tierra en Colombia en el sector rural

La propiedad rural en Colombia ha sido un concepto clave, en especial si la tierra se aprecia como riqueza acumulativa de los individuos y no como factor de producción, adquiriendo un poder no solo social sino político (Contraloría General de la Nación, 2005). Esto les permite obtener un título de señor que confiere respeto e influencia, así el dinero sea proveniente de actividades ilícitas. La compra de tierras por narcotraficantes ha contribuido a elevar la concentración de la propiedad mediante transacciones realizadas en los llamados paraísos fiscales, donde virtualmente se hace imposible rastrear la procedencia del dinero (Herrera, 2005). Asimismo, ellos financian ejércitos privados que ayudan y promueven el desplazamiento forzoso de individuos, que, sin otra opción, prefieren vender sus tierras que perder la vida. Consecuente con lo anterior, la estructura de tenencia y productividad agrícola colombiana cede a las presiones de grupos ilegales.

Este efecto repercute en los índices de concentración de la propiedad; esto se manifiesta en la cifra del coeficiente Gini, que para el país es de 0,85; dato alarmante si se añade que en 1996 el 0,4% de los propietarios (para predios mayores a 500 hectáreas) poseían cerca del 44,6% del área rural; para 2001, el mismo porcentaje de propietarios (0,4%) controlaban el 61,2% de la superficie, mientras que los pequeños propietarios tienden a un fenómeno de atomización. La atomización es un fenómeno en el cual el número de hectáreas de los predios de rangos bajos no varía significativamente, mientras aumenta el número de propietarios, lo que implica que cada vez más individuos deben repartirse menores cantidades de tierra (Muñoz y Mora, 2006). Esto no solo conduce a una estructura de propiedad polarizada en su interior llamada bimodal, sino a permanentes conflictos y discriminaciones por parte del Estado en la aplicación de instrumentos y políticas, que promueven la conformación de pequeñas propiedades, las cuales con el tiempo disminuyen el nivel de ingresos de los campesinos y profundiza la pobreza rural (Gaviria y Muñoz 2007).

b.    Los efectos sobre la producción agrícola

Se pretende exponer los impactos del desplazamiento forzado sobre la producción agrícola, como se presenta en el estudio (Fajardo 2002) la concentración de la propiedad está relacionada con la disminución del área sembrada y, en especial, de los cultivos temporales. Como efecto del desplazamiento y de las políticas aperturistas de la primera parte de los noventa, la Contraloría calculó, que el país se ha visto obligado a importar más de 5 millones de toneladas anuales de alimentos y materias primas de origen agrícola.        Más allá de la pérdida en los noventa de un millón de hectáreas sembradas, los suelos más fértiles y mejor localizados, en lugar de ser utilizados para labores agrícolas, se convirtieron en grandes e improductivas haciendas dedicadas a la ganadería o en simples praderas inexplotadas. Este uso inapropiado de la tierra ha limitado la creación de empleos rurales, con sus impactos sobre la pobreza y la calidad de vida de sus pobladores (Contraloría General la Nación 2005).

Para análisis de las relaciones económicas, políticas y sociales derivadas de la concentración de la propiedad de la tierra, se plantean dos argumentos. Por una parte, que la tierra ha perdido importancia como factor productivo; que el acceso a la tierra no genera poder económico ni político, y que por lo tanto los esfuerzos encaminados a su redistribución son una inversión inútil que no lograría sino crear «pobres dotados de tierra». Por otra parte, y en contraposición a este planteamiento, las cifras oficiales demuestran una tendencia imparable a la concentración de la propiedad, al aumento de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, a la disminución de la producción de alimentos y al aumento de los desplazamientos forzados de las comunidades campesinas asentadas en los departamentos con mayor concentración de la propiedad rural (CODHES/UNICEF, 1998; Machado,1998). Fundándose en estas cifras se pide una distribución equitativa de la tierra.

Las propuestas de política tienen una base teórica e ideológica, por ejemplo los

planteamientos estructuralistas que sirvieron para la formulación de las políticas de reforma agraria, o los postulados neoliberales con los cuales hoy se refuta que la tierra pueda ser considerada como factor de poder en el comportamiento del sector agrícola. Frente al concepto de Machado (1998) de una estructura agraria colombiana bimodal -con un polo constituido por la gran propiedad y otro por las pequeñas explotaciones, permite comprender las interrelaciones funcionales y dinámicas entre uno y otro polo. Entonces en virtud de estas interrelaciones, la concentración de la propiedad es el factor que impide a una población rural creciente establecerse como pequeña productora, por lo tanto de la presión que se ejerce sobre los recursos y del limitado acceso de los agricultores a la tecnología, las tierras controladas por la población rural están afectadas por una continua fragmentación y por la pérdida gradual de potencial productivo debido al deterioro de los suelos y de otros recursos naturales (Fajardo 2002).

Para sumar al efecto de la concentración, analistas como (Jaramillo 1998) aducen dos causas ocurridas en los noventas la revaluación del peso y el fenómeno climático de El Niño. También las condiciones impuestas a la producción agrícola y pecuaria por la propiedad territorial, el «sesgo financiero» de la política económica del Estado y las repercusiones del conflicto armado. La aplicación de políticas de apertura -ya iniciadas a comienzos de los años ochenta- guiadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como resultado inmediato se evidenció la escasa competitividad de la agricultura colombiana. La eliminación de los instrumentos de protección, la evolución de los costos de producción determinados en particular por las tasas de interés, la renta del suelo y los tipos de cambio parecen haber generado un cambio profundo en la agricultura.

Así pues la persistencia de un patrón concentrador contrario al afianzamiento efectivo de la mediana propiedad, la cual proporcionaría las más sólidas bases para el desarrollo (Bejarano, 1998) y un uso del suelo caracterizado por la predominancia de las explotaciones extensivas, en detrimento de la agricultura. La distribución y uso del suelo repercuten necesariamente en la producción y en el empleo; por su parte, las tendencias de la agricultura, de los precios y de los rendimientos agrícolas se manifiestan en el uso del suelo. Un argumento a favor de las economías campesinas respecto a la agricultura comercial es la mayor capacidad de generación de empleo de las primeras, y aún más respecto a la ganadería extensiva. Analistas coinciden en reconocer una disminución de la superficie cultivada y una reducción del empleo y de la producción de dichos cultivos es por esto que la distribución de la propiedad sigue un patrón de uso del suelo que no favorece a la agricultura Fajardo (2002).

Bibliografia:

GAVIRIA, Carlos  Felipe y MUÑOZ Juan Carlos “Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia, 1996-2004”, Lecturas de Economía. 66 (enero-junio 2007) pp 9-46.

 REYES, Alejandro (1993) “Violencia y desplazamiento forzoso en Colombia”, en: MACHADO, Absalón (ed.) El Agro y la cuestión social, Ministerio de Agricultura y Tercer Mundo Editores, Bogotá.

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPULI –CISP—(2005). Efectos Económicos del desplazamiento forzado en Colombia: departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca 1997-2004, Escuela Latinoamericana de Cooperación y desarrollo, Cartagena

CONTRALORIA  GENERAL DE LAREPUBLICA  (2005). El desplazamiento forzoso de los colombianos y sus impactos patrimoniales. Disponible en www.contraloriagen.gov.co:8081/.../Archivos/2144/Desplazamiento_forzoso_colombianos_Ipatrimoniales.doc

MACHADO, Absalón (1999). Una visión renovada sobre la reforma agraria en Colombia, en: Machado, Absalón y Suárez, Ruth (coord.), El mercado de tierras en Colombia: ¿una alternativa viable?, Tercer Mundo Editores, Bogotá.

FAJARDO, Darío (2002). “La tierra y el poder político la reforma agraria y la reforma rural en Colombia”, Revista Reforma Agraria Colonización y Cooperativas, No. 2002/1, pp. 4-20.

Sobre la Tenencia y concentración de la tierra en Antioquia 2005

En opinión de muchos en Antioquia se ha visto una concentración en la estructura de la propiedad de la tierra, que hace ver la inefectividad de las políticas tomadas para crear cambios estructurales en la tenencia de la misma.  De los hogares que reportaron algún tipo de tenencia, el 49.2% son propietarios de las parcelas abandonadas, aunque de estos, tan sólo un 37.4% admite tener la respectiva escritura que lo acredita como tal. Esto revela la debilidad del Sistema de Derechos de Propiedad, para avanzar en el futuro en una posible devolución de estas tierras por parte de los actores ilegales en conflicto que se las han apropiado (CISP 2005). Las estructuras productivas ligadas a la gran hacienda agroindustrial de exportación, a megaproyectos de generación de electricidad y corredores viales con el resto del país, son ejes del desplazamiento forzado tanto en número de individuos como en abandono de tierras.

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Ahora bien en el análisis de la situación en las subregiones de Antioquia más afectadas por el desplazamiento forzado, se observa como las dos subregiones expulsoras con mayor número de individuos son Oriente y Uraba con (35,7% y 20,3% respectivamente), San Carlos, Granada y Cocorna representan cerca del 50% de las expulsiones en Oriente con (18,6%, 14,6% y 14% respectivamente), Apartadó, Turbo y Mutatá concentran cerca del 54% del porcentaje de expulsados en Uraba con (21,4%, 19,2%, 13,4% respectivamente) según (Acción Social 2006). En ambas subregiones existen importantes factores productivos, en Oriente se genera el 35%  energía hidroeléctrica del país y además es parte del corredor vial que comunica con el interior Medellín-Bogotá.  En Uraba se concentra la producción de banano de exportación, ganadería y más recientemente palma africana esto debido que tiene pate de las mejores tierras de Antioquia también es una zona estratégica como canal de transporte marítimo.

Por culpa de la agudización del conflicto  se observa como en las subregiones de Occidente y Uraba se presentan el mayor número de tierras abandonadas de manera forzosa, causando esto el incremento del índice de concentración de Gini siendo más alto el de  Occidente al pasar de 0,77 a 0,82 y en Uraba de 0,73 entre 1996 y 2004 esto refleja un proceso marcado de latifundismo (Gaviria y Muñoz 2007). La ubicación geográfica hace de la subregión de occidente un corredor estratégico para los grupos ilegales y un escenario para la siembra y procesamiento de cultivos ilícitos. La crisis en Uraba se acentúa por su excelente ubicación geoestratégica su riqueza en recursos naturales y gran potencial par el desarrollo del comercio y de megaproyectos, situación que determina la confluencia de múltiples intereses nacionales y transnacionales que serán fundamentales durante el presente siglo en lo económico, político y militar (CISP 2005).

Bibliografía

 ACCIÓN SOCIAL (2006). Protección de tierras y patrimonio de la población desplazada. Informe, Presidencia de la República de Colombia.

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPULI –CISP—(2005). Efectos Económicos del desplazamiento forzado en Colombia: departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca 1997-2004, Escuela Latinoamericana de Cooperación y desarrollo, Cartagena

GAVIRIA, Carlos  Felipe y MUÑOZ Juan Carlos “Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia, 1996-2004”, Lecturas de Economía. 66 (enero-junio 2007) pp 9-46.

Tenencia y concentración de la tierra en la agricultura Colombiana

Para análisis de las relaciones económicas, políticas y sociales derivadas de la concentración de la propiedad de la tierra, se plantean dos argumentos. Por una parte, que la tierra ha perdido importancia como factor productivo; que el acceso a la tierra no genera poder económico ni político, y que por lo tanto los esfuerzos encaminados a su redistribución son una inversión inútil que no lograría sino crear «pobres dotados de tierra». Por otra parte, y en contraposición a este planteamiento, las cifras oficiales demuestran una tendencia imparable a la concentración de la propiedad, al aumento de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, a la disminución de la producción de alimentos y al aumento de los desplazamientos forzados de las comunidades campesinas asentadas en los departamentos con mayor concentración de la propiedad rural (CODHES/UNICEF, 1998; Machado,1998). Fundándose en estas cifras se pide una distribución equitativa de la tierra.

Las propuestas de política tienen una base teórica e ideológica, por ejemplo los

planteamientos estructuralistas que sirvieron para la formulación de las políticas de reforma agraria, o los postulados neoliberales con los cuales hoy se refuta que la tierra pueda ser considerada como factor de poder en el comportamiento del sector agrícola. Frente al concepto de Machado (1998) de una estructura agraria colombiana bimodal -con un polo constituido por la gran propiedad y otro por las pequeñas explotaciones, permite comprender las interrelaciones funcionales y dinámicas entre uno y otro polo. Entonces en virtud de estas interrelaciones, la concentración de la propiedad es el factor que impide a una población rural creciente establecerse como pequeña productora, por lo tanto de la presión que se ejerce sobre los recursos y del limitado acceso de los agricultores a la tecnología, las tierras controladas por la población rural están afectadas por una continua fragmentación y por la pérdida gradual de potencial productivo debido al deterioro de los suelos y de otros recursos naturales (Fajardo 2002).

Para sumar al efecto de la concentración, analistas como (Jaramillo 1998) aducen dos causas ocurridas en los noventas la revaluación del peso y el fenómeno climático de El Niño. También las condiciones impuestas a la producción agrícola y pecuaria por la propiedad territorial, el «sesgo financiero» de la política económica del Estado y las repercusiones del conflicto armado. La aplicación de políticas de apertura -ya iniciadas a comienzos de los años ochenta- guiadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como resultado inmediato se evidenció la escasa competitividad de la agricultura colombiana. La eliminación de los instrumentos de protección, la evolución de los costos de producción determinados en particular por las tasas de interés, la renta del suelo y los tipos de cambio parecen haber generado un cambio profundo en la agricultura.

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Bibliografía

CODHES/UNICEF. 1998. Un país que huye. Desplazamiento y violencia en un país fragmentado. Santafé de Bogotá.

JARAMILLO, C.F. 1998. La agricultura colombiana en la década del noventa. Revista de Economía de la Universidad del Rosario, noviembre. Santafé de Bogotá.

MACHADO, A. 1984. Reforma Agraria. Una mirada retrospectiva. Economía colombiana, Nos 160-161, agosto-septiembre, Santafé de Bogotá.

FAJARDO, Darío (2002). “La tierra y el poder político la reforma agraria y la reforma rural en Colombia”, Revista Reforma Agraria Colonización y Cooperativas, No. 2002/1, pp. 4-20.

ABSTRACT 

Tenure and land concentration in Colombian agriculture

For analysis of the economic, political and social implications of the concentration of land ownership raises two arguments. On the one hand, that the land has lost importance as a productive factor that access to land generates no economic or political power, and therefore their efforts are useless investment redistribution could not win but to create "poor gifted of land. " Moreover, and contrary to this approach, official figures show an unstoppable trend towards concentration of ownership, the increase in land devoted to cattle ranching, the decline of food production and increased travel forced to settled farming communities in the departments with the highest concentration of rural property (CODHES / UNICEF, 1998; Machado, 1998). On the basis of these figures calls for equitable land distribution.

Policy proposals have a theoretical and ideological basis, eg

structuralist approaches which were used for the formulation of policies of land reform, or the neo-liberal principles which now denies that the land can be considered as a crucial factor in the performance of the agricultural sector. To the concept of Machado (1998) of a bimodal-Colombian agrarian structure with a pole made up of large estates and the other by small farms, to understand the functional relationships and dynamics between these two poles. Then by virtue of these relationships, the concentration of ownership is the factor that prevents a growing rural population to establish themselves as small production, therefore the pressure exerted on resources and the limited access of farmers to technology the lands controlled by the rural population are affected by continuing fragmentation and the gradual loss of productive potential due to the deterioration of soil and other natural resources (Fajardo 2002).

Bibliography

CODHES / UNICEF. 1998. A country that runs away. Displacement and violence in a country fragmented. Santafé de Bogotá.

JARAMILLO, C.F. 1998. Colombian agriculture in the nineties. Journal of Economics, Universidad del Rosario, November. Santafé de Bogotá.

MACHADO, A. 1984. Agrarian Reform. A look back. Colombian economy, Nos 160-161, August-September, Bogota.

FAJARDO, Dario (2002). "The land and political power of agrarian reform and rural reform in Colombia", Revista Reform Land Settlement and Cooperatives, No. 2002 / 1, pp. 4-20.

Las políticas públicas y los programas de educación para el trabajo

La educación para el trabajo y el desarrollo humano es clave a la hora de enfrentar el fenómeno del desempleo, la formación para el trabajo en Colombia se implementa a través de entidades de capacitación, dirigida a los-las jóvenes excluidos, vulnerables o que se encuentran en riesgo social, que viven en los barrios marginados y excluidos de las principales ciudades del país (Medellín, Bogotá, Cali, Manizales y Barranquilla).

Para ubicarnos en este contexto es necesario conocer la definición de las políticas públicas relacionadas con los programas de educación para el trabajo. La definición de estas y algunos de los resultados entregados son presentados y analizado en la investigación (La educación para el trabajo de jóvenes en Colombia,

¿Mecanismo de Inserción Laboral y Equidad? Marleny CARDONA ACEVEDO.

John Fernando MACÍAS PRADA Paula Andrea SUESCÚN ÁLVAREZ 26 de marzo de 2009)

Las políticas públicas y los programas de educación para el trabajo

Las políticas públicas se constituyen en la esencia del desarrollo económico y social, ellas

trazan los mecanismos de equidad para los miembros de la sociedad, la defensa de la

seguridad social, los derechos humanos y la distribución de la riqueza; elementos que deben

revertir en soluciones directas a problemas estructurales, para alcanzar el bienestar, el

desarrollo humano y las oportunidades sociales y laborales de la población 1. Las mismas se

consideran como un flujo que va desde el régimen político hacia la sociedad 2.

Existe acuerdo en que el Estado es el primer ejecutor de la política pública, sin embargo para la consecución de políticas efectivas éstas deben contar con la participación activa del conjunto

de la sociedad, lo que garantice una implementación que incluya todos los sectores y

perspectivas. Al tratar problemas sociales manifiestos, la sociedad tiene un papel activo en la

vivencia del problema y, por tanto, en la toma de decisiones en las políticas. Hecha esta

consideración preliminar, conviene conocer algunas de las principales definiciones de política

pública.

Con todo, es importante observar que las definiciones de política pública son el producto de

construcciones sociales que responden a contextos históricos cambiantes. En consecuencia, es posible afirmar que no existe una noción ‘verdadera’ de política pública; por el contrario, las

nociones existentes deben estudiarse como la expresión ideológica de momentos históricos específicos, lo que implica que al asumir una noción de política pública cada sociedad asume

también sus consecuencias.

1 SARMIENTO, ANZOLA; Libardo. Injusticia y desigualdad social la eterna crisis. En: Apuntes del CENES.

Universidad. Pedagógica y tecnológica de Colombia. Bogotá. 1999.

2 ALCANTARA, Manuel. Gobernabilidad, crisis y cambios. Fondo de cultura económica. México. 1995. p.

43-54.

Las políticas de juventud, educación y trabajo

Plantear el tema de la juventud, el trabajo y la educación nos muestra un escenario

donde se pregunta por el papel del joven en la sociedad contemporánea, cómo está

influyendo la educación y el papel que tiene el trabajo en la realización personal del

joven. Los-as jóvenes tienen hoy un papel importante en el mercado laboral, sin

embargo la falta de formación, el poco acceso al sistema educativo, las condiciones de

explotación laboral y, sobre todo, el poco reconocimiento de los-as jóvenes como

sujetos de derechos, demanda soluciones urgentes, la implementación e intervención

de manera explícita de diversas iniciativas. Podría pensarse que los programas de

formación para el trabajo dirigidos a jóvenes considerados en alto riesgo social es una

de ellas. 

Estos programas de formación, cuyo modelo de intervención difiere en aspectos

importantes de la oferta previa de formación profesional, se implementan en

Colombia a partir de los años noventa, buscando atender la problemática del

desempleo de los-as jóvenes y la falta de educación. Se articulan a las políticas

públicas y por ello traen consigo todas las cargas sociales y de contexto que la

implementación de las políticas en el país implica.

Es importante destacar que tanto las políticas públicas y sociales del gobierno, así

como los planes de desarrollo y los programas implementados para atender

problemáticas sociales adolecen de grandes limitaciones debido, entre otras cosas, a las

falencias administrativas nacionales y territoriales, al bajo reconocimiento de las

instituciones gubernamentales, a las prácticas de diversos agentes sociales,

individuales y colectivos que con sus orientaciones o intereses políticos desvirtúan los

procesos.

En cuanto a las políticas de educación puede señalarse también que los contextos de

masificación de la educación formal y no formal han estado marcados por la pérdida

de calidad y precariedad así como por la desarticulación con el mercado de trabajo.

Por su parte, las empresas no se articulan todavía con los intereses sociales definidos

como tales desde instancias gubernamentales y sociales, por lo cual persisten variadas

contradicciones, luchas y mediaciones que se evidencian en el sistema educativo, el

sistema productivo y el sistema político 3.

La Constitución de 1991 marcó una etapa de importantes potencialidades en materia

de formulación de políticas públicas sobre educación, juventud y trabajo. Desde

entonces la legislación ha intentado atender tanto las trabas sociales y políticas para la

implementación de planes y proyectos derivados de las políticas públicas. Para ello ha

avanzado en diversas líneas con logros dispares, pero con el éxito de haber promovido

el diálogo entre diversos sectores sociales involucrados.

La implementación de estas transformaciones desde el carácter de la política pública

ha implicado efectos conjuntos que han influido en la vida de los-as jóvenes, pero

también en el conjunto del sistema educativo y del mundo laboral.

Se presenta algunas de las principales acciones derivadas de la

implementación de estrategias políticas en educación, juventud y trabajo, que –debe

destacarse- no son las únicas y tampoco suficientes:

3 CARDONA ACEVEDO, Marleny; RAMIREZ GOMEZ; Mauricio Andrés. Políticas Públicas

Sectoriales: Un Balance Desde La Salud, Medio Ambiente y Juventud. Medellín: Universidad EAFIT.

2006.

Principales acciones de las políticas de juventud, educación y trabajo

 JUVENTUD

- El reconocimiento de la condición de juventud que responde a definiciones etáreas entre los 12 y 25 años como sujeto de derechos, mediante la promulgación de la Ley 375 de 1997, llamada Ley de Juventud, con la que se busca consolidar ese reconocimiento,

- Creación de la Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia en el marco de la Ley 375 de 1997, conocida como Ley de Juventud que establece el marco institucional y orienta políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud y promueve la formación integral del joven.

- Plan de Desarrollo 1994 – 1998, llamado El Salto Social, en la administración Samper se crea en 1994 el Viceministerio de la Juventud y en 1995 se aprueba el documento CONPES 2794, donde se reafirma al joven como sujeto de derechos y deberes.

- Entre 1998 – 2002 se ejecuta el Plan de Desarrollo llamado Cambio para Construir la Paz; con cinco estrategias centrales: i) impulso a la promoción juvenil y a las estrategias de promoción integral, ii) integración a los servicios para jóvenes, iii) desarrollo democrático y solidario de la juventud, iv) formación para el trabajo y el desarrollo productivo y v) organización del sistema nacional de juventud y fortalecimiento de los espacios de participación juvenil.

EDUCACIÓN

- La identificación de la educación como derecho y servicio público con función social, que pese a los intentos de desmontar como tal aún prevalece.

- El Consejo Nacional de Acreditación, en el marco de la Ley 30 de 1992 establece su composición y sus funciones.

- En respuesta de las deficiencias para febrero de 1996, el Ministerio de Educación Nacional presentó al país el Plan Decenal de Educación 1996- 2005, La Educación un Compromiso de Todos, como el producto de la reflexión colectiva y el debate sobre el rumbo que la educación colombiana debía tomar en los 10 años siguientes.

TRABAJO

- El énfasis en iniciativas para resolver el problema del desempleo y la precariedad con programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, entre otros, con su más cercana evidencia en la Ley 789 de 2002

- Apoyo a los afiliados a las Cajas de Compensación que perdieran su empleo, a través de la asignación de un subsidio que entregarían estas entidades en bonos que dieran derecho a ciertos servicios de las cajas, equivalente a un 50% del salario mínimo.

- creación de estímulos para la generación de empleos en las micro, pequeñas y medianas empresas, consistentes en subsidios al empleo, recursos de crédito, y exención de parafiscales para empresas que empleen personas vulnerables y estudiantes y su aplicación está supeditada a que la tasa nacional dedesempleo se ubique por encima de 12%.

- Se le quita el monopolio de la formación para el trabajo al SENA y se reglamentan los contratos de aprendizaje: la ley permite ahora la remuneración de los aprendices por debajo del salario mínimo y estableció la obligatoriedad de contratar aprendices para las empresas que ocupen quince o más trabajadores, o como alternativa, cancelar una cuota monetaria, destinada a financiar un fondo para la promoción empresarial del SENA.

- Se adoptaron medidas para disminuir costos laborales: se amplió la jornada de trabajo ordinario hasta las 10 de la noche, se disminuyó el sobrecargo para el trabajo durante festivos y dominicales, y se redujo a la mitad la indemnización por despido sin justa causa. Los estudios sobre el impacto de cada una de estas acciones sólo parecen demostrar que la principal incidencia de esta reforma ha sido la de formalizar en Colombia la flexibilidad laboral, con el efecto de precarizar la situación laboral de los trabajadores y entre ellos los-as jóvenes usuarios de los programas de formación para el empleo.

Análisis del desempleo en Medellín por sectores

Considero importante conocer el análisis de algunos de los hechos que rodean el fenómeno del desempleo en Medellín, elaborado por el presidente de una de las agremiaciones sindicales.  Carlos Julio Díaz Lotero, Presidente de la CUT Subdirectiva Antioquia.

Aportes para una política de empleo en Medellín

Medellín y el Valle de Aburrá tienen una baja densidad empresarial comparada con otras ciudades del mundo y de Colombia según el gráfico que se presenta abajo.

Adicional a ello Antioquia es una economía muy primaria, con escaso desarrollo industrial, y el poco que existe en el Valle de Aburrá (25,5% del PIB de la subregión), y Oriente (14,8% del PIB de esta subregión) es poco diversificado, porque la mitad del empleo lo genera el sector textil confección. El resto del departamento depende de actividades primarias en el agro y la minería, así como del sector servicios asociados básicamente al Estado (ver cuadro página siguiente).

Los problemas de la región que se desprenden de estos dos gráficos los podríamos resumir así: tenemos pocas empresas, que son en su mayoría de subsistencia, pues según el censo económico del DANE del 2007, el 95,5% de las empresas del país son microempresas, poco productivas, sin mayor contenido tecnológico, ni valor agregado, el 4,6% son pequeñas y medianas con baja rentabilidad que generan el 70% del empleo, y apenas el 0,1% es gran empresa, que es la moderna y productiva, y genera el 25% del empleo. Debido a esta baja rentabilidad la inversión para crear nuevas empresas en el país y la región es bastante baja.

Aportes a la producción del departamento de Antioquia

Sector económico	Área Metropolitana	Urabá	Oriente	Norte Bajo Cauca	Suroeste	Nordeste Magdalena Medio	Occidente
Agropecuaria, Silvicultura, caza y pesca	1,5	63,4	25,7	35,7	38,3	24,4	37,5
Minas y canteras	0,0	0,0	0,5	12,6	2,4	26,8	0,8
Electricidad gas y agua	4,0	1,3	3,9	2,1	2,8	3,1	2,5
Industria manufacturera	25,2	1,1	14,8	3,9	1,9	2,4	1,7
Construcción	5,3	1,8	5,1	3,0	4,4	4,5	4,0
Comercio hoteles y restaurante	8,6	7,5	9,2	4,9	9,3	6,6	10,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	9,0	14,6	7,9	5,8	5,9	5,1	4,2
Financiero	28,8	0,8	2,8	1,4	1,6	1,3	1,7
Servicios sociales y comunales y personales	17,0	10,0	30,0	31,0	33,0	26,0	37,0

Fuente: Dinámica del mercado laboral en el oriente antioqueño. DANE, DAP Antioquia

El empleo en Medellín y Antioquia requiere de una política de desarrollo económico que aumente la densidad y calidad de las empresas en el territorio. Una política de esta naturaleza debe tener por lo menos cuatro enfoques.

1. Reconocer las potencialidades de los procesos de urbanización para el mundo de los negocios, para la generación de riqueza y reducción de la pobreza. Las aglomeraciones atraen la riqueza y personas del resto del territorio, profundizando las inequidades entre las regiones.

2. La preocupación por aumentar la productividad y competitividad de las empresas, fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa para que puedan generar excedentes que les de mayor capacidad de inversión. Para ello EPM podría crear un fondo de apoyo tecnológico para ayudarles a construir una red de proveedores con tecnología y estándares altos de calidad, para que le puedan vender los insumos y equipos que requiere EPM.

La competitividad depende en primer lugar de la productividad de la ciudad o de la región, y esta a su vez de la infraestructura, la tecnología, la investigación, y la formación profesional.

Ahora bien, la productividad también depende de la estructura de precios que se forman en la economía debido a las políticas nacionales. Por ejemplo, el costo de la energía es tres veces el internacional, y eso le quita competitividad a las empresas. Se podría pensar en una tarifa de energía social para la pequeña y mediana empresa, que tiene que comprar a 12 centavos de dólar el kilovatio hora, cuando en otros países de la región es de 4 centavos. Igualmente, las tasas de interés bancarias son tres veces el promedio internacional. Sería bueno que la Alcaldía de Medellín en sinergia con la Gobernación de Antioquia, el sector financiero cooperativo y los fondos de capital de riesgo, pudieran crear un banco de desarrollo regional que promueva las actividades productivas con tasas de interés más favorables.

3. La dinámica de Medellín no se puede desconectar del resto de Antioquia. El propósito de la integración regional es lograr que las actividades económicas se distribuyan más equitativamente en el territorio. La idea es que existan polos de desarrollo en otros lugares y con eso se le quite presión al tema del empleo en el Valle de Aburrá, que está hacinado. Esto nos plantea una pregunta: ¿cómo redistribuir los beneficios de la aglomeración? Un ejemplo de cómo hacerlo es la participación del Municipio de Medellín en la construcción de las autopistas de la montaña.

4. El desarrollo no solo debe generar valor económico sino también social, es decir debe incrementar la riqueza, pero también aumentar los ingresos de la población, facilitar el acceso a bienes y servicios, incrementar las oportunidades y la libertad de las personas. Una política pública de trabajo decente garantizaría una redistribución equitativa de la riqueza y a que se hagan efectivos los derechos de las personas.

Hay que garantizar que la inversión extranjera promueva el crecimiento y el empleo en el país y la región, porque hasta ahora, está orientada fundamentalmente a la minería, que tiene poco impacto en el empleo y en algunos casos lo que ha generado es desempleo. Es el caso de Coltabaco, que desde que la compró la multinacional Phillip Morris, en esta empresa han salido más de 500 trabajadores.

Ha sido importante la estrategia de generación de empleos de choque por parte del Municipio, pero tiene dificultades, porque se han generado mayoritariamente en obras públicas y en las inversiones para los Juegos Suramericanos. Pero eso ya se acabó. Lo que se necesita es que el sector privado invierta en empleo permanente.

Otro punto a revisar es que el Municipio no fortalece el tripartismo en el tratamiento del problema de empleo en Medellín. Hay un sesgo antisindical. Lamentablemente la convocatoria de la Alcaldía para crear el Consejo Municipal de Empleo no incluyó a las centrales obreras. Nos han invitado a las reuniones del comité técnico, pero para conocer las iniciativas locales de empleo, no como parte del Consejo.